El 26 de mayo es el Día Nacional del Libro, en conmemoración de la fundación de la Biblioteca Nacional en 1816. Es de hacer notar que esta institución, que está cumpliendo 210 años, nació antes que la propia república. Surgió a partir de la propuesta que el presbítero Dámaso Antonio Larrañaga presentó al Cabildo de crear una biblioteca pública, se ofrecía a desempeñarse como director, solicitaba un edificio para instalarla, y José Artigas desde Purificación aprobaba la iniciativa. La primera Biblioteca Pública se instaló en los altos del fuerte de Montevideo, actual plaza Zabala.
Pero otras páginas de la historia nos dicen que los libros no siempre contaron con el aval de las autoridades. Es más, fueron destruidos.
Precisamente en Mayo, mes de la Memoria, recordamos algunos hechos de biblioclastia (destrucción o desvalorización intencional de libros y bienes documentales) entre 1968 y 1985, a través de una monografía elaborada por una licenciada en Bibliotecología por la UDELAR en 2022.
Menciona que “Se retiraron del fichero de la Biblioteca Nacional las fichas de y sobre Marx y se prohibió librar al público las publicaciones opuestas al régimen; hubo quema ritual de libros y periódicos y colecciones enteras secuestradas se entregaban para ser transformadas en pasta de papel”.
En su artículo “Sobre Verdugos, sordomudos, enterrados y desterrados” de la revista Nueva Sociedad de 1987, Eduardo Galeano refiere: “Los militares ya no queman los libros: ahora los venden a las empresas papeleras. Las papeleras los pican, los convierten en pulpa de papel y los devuelven al mercado de consumo. No es verdad que Marx, Freud o Piaget no estén al alcance del público. No están en forma de libros. Están en forma de servilletas”.
Ya en 1985 el diario Nueva Voz afirmaba que “Durante la dictadura IPUSA compró a las fuerzas armadas todo lo requisado por éstas en los operativos y allanamientos, así es que diarios, semanarios, bibliotecas enteras de sindicatos y partidos políticos, con libros y folletos, todo material que llegaba al país y era censurado y hurtado, cartas, impresos y revistas, llegaban a IPUSA con el rótulo de destrucción inmediata y su efectiva destrucción era controlada por efectivos militares. Quince días antes de la instalación del parlamento democrático el Ministerio del Interior, a cargo de Julio César Rapela, hizo convertir en “PULPA” cuatro toneladas (4.000 kilos) de materia de archivo secreto”.
En tanto el Museo de la Memoria en Montevideo publicó que un clásico de las escuelas uruguayas, Perico, de Juan José Morosoli, editado por primera vez en 1945, durante la dictadura fue censurado, especialmente por el cuento “La chacra”, que finaliza: “El día que las estancias de miles de cuadras dejen su lugar a las chacras y granjas, el país será más próspero”.
Saltoncito, otra obra tradicional para el público infantil, publicada por Francisco Espínola en 1930, tampoco pasó la censura.
Se cuenta que en la ciudad de Colonia, pero el relato tiene también otros escenarios, en una requisa en una vivienda los militares llevaban la Biblia y al preguntarles la razón respondieron: por los autores.
No se trata de un recurso nuevo para los centros de poder. La primera referencia documentada de quema de libros data del año 212 a.C. en China.
Más cerca en el tiempo y en el espacio, en Yucatán, en 1562, un sacerdote ordenó la quema de los manuscritos mayas.
En Argentina, la dictadura instaurada en 1943 cerró y quemó los libros de las editoriales comunistas del país. Y más cerca aún, tras el golpe de Estado de 1976 se quemó 1 millón y medio de libros.
De esto también hay que guardar memoria.
