El edil frenteamplista Carlos Fernández (FA–1001) presentó en la Junta Departamental una propuesta de medida cautelar para preservar la faja costera en Tarariras, pero no obtuvo respaldo suficiente. El planteo cuestionó cómo se autorizan fraccionamientos ante el MGAP y la Dirección Nacional de Catastro sin participación del gobierno departamental, lo que deja sin control decisiones que afectan el acceso público a la costa.
Fernández advirtió sobre las llamadas “chacras marítimas”, donde no siempre se respeta la franja de 150 metros de uso público y se ofrecen predios con acceso directo al agua. El conflicto enfrenta dos realidades: propietarios que ejercen su derecho de cerrar predios y vecinos, pescadores o visitantes que pierden pasos utilizados durante años. Casos como el de los pescadores vinculados a Alberto “Carretilla” Locher o el cierre de ingreso en Puerto Platero reflejan la problemática.
El edil sostuvo que la Ley de Ordenamiento Territorial también compromete al gobierno departamental y pidió informes sobre fraccionamientos que no habrían cedido la faja pública. Su propuesta fue presentada como una advertencia sobre la pérdida de accesos que la normativa obliga a garantizar y que hoy se desconocen.
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