El empresario minero Facundo Ferro cuestionó el Plan de Ordenamiento Territorial de Tarariras. Considera que contiene un enfoque ambientalista excesivo, que ignora aspectos como la existencia de canteras ilegales y que impone límites al sector privado sin exigir al Estado el mismo nivel de cumplimiento.
El plan propone declarar campos naturales como áreas protegidas, lo que implica una afectación directa a los derechos de los propietarios. Advirtió sobre la posibilidad de que se establezcan restricciones sobre terrenos que contienen yacimientos de valor sin haberse solicitado previamente informes técnicos fundamentales como los de la Dirección Nacional de Minería y Geología.
Criticó que enfatice leyes ambientales ya existentes, como la protección del monte nativo o la prohibición de la minería en la faja costera.
Cuestionó que el plan no contemple mecanismos de fiscalización como la creación de una policía territorial ni mencione la figura del guardaparque.
También puso sobre la mesa el impacto económico de estas decisiones, especialmente en zonas donde la comunidad ha impulsado históricamente el desarrollo.
Observa que el plan no prevé ningún tipo de indemnización para quienes verán sus tierras recategorizadas como suelo rural natural, lo que restringe sus posibilidades de transformación.
