La sesión de la Junta Departamental del 10 de diciembre estuvo marcada por la polémica en torno a pedidos de informes de la oposición. Los ediles Carlos Fernández y Emmanuel Martínez (Frente Amplio) solicitaron reiterar informes vencidos sobre el impuesto al alumbrado y gastos de traslado de directores de la Intendencia, pero la mayoría oficialista no acompañó las solicitudes. El artículo 284 de la Constitución establece la obligación del intendente de responder en 20 días y faculta a los ediles a dar estado público a la omisión. La negativa generó tensiones y fue señalada como contradictoria con la actitud de diálogo que el intendente Guillermo Rodríguez ha mostrado en otras instancias. El episodio reaviva el debate sobre el acceso a la información pública y el respeto a las normas republicanas.
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