El Congreso de Intendentes aprobó un régimen excepcional para la regularización de multas de tránsito generadas hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida permite que quienes reconozcan la infracción y paguen al contado durante 2026 accedan a una rebaja del 50%, aunque las faltas más graves —como conducir bajo efectos de alcohol o drogas, participar en picadas o incumplir normas de seguridad— quedan excluidas.

El régimen, impulsado por el SUCIVE, busca reducir la morosidad y ordenar deudas acumuladas, pero también marca un cambio de modelo: las multas dejan de ser independientes y se vinculan directamente al pago de la patente de rodados. Esto implica que la circulación quedará condicionada al cumplimiento integral de las obligaciones económicas.

El beneficio genera debate: favorece a quienes tienen liquidez inmediata, mientras que quienes no pueden pagar al contado enfrentan el monto completo. En términos prácticos, la sanción deja de ser uniforme y pasa a depender de la capacidad de pago, lo que plantea cuestionamientos jurídicos y éticos sobre la equidad del sistema.

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