El gobierno presentó el proyecto de ley de empleo integral el pasado 19 de marzo, en una conferencia encabezada por el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo, Juan Castillo. La iniciativa ya fue remitida a la Asamblea General y comienza su trámite legislativo, en un contexto marcado por las dificultades de acceso al trabajo y la necesidad de medidas concretas para sectores vulnerables.
El proyecto propone un sistema de contratación incentivada, donde el Estado subsidia entre el 25% y el 80% del salario según la situación del trabajador, mientras el empleador completa el resto. Los contratos podrán extenderse hasta 12 meses (o seis en actividades zafrales), sin obligación de efectivización posterior. La inversión prevista es de $407 millones anuales, unos USD 10 millones, provenientes de INEFOP y otras fuentes.
Los subsidios más altos estarán dirigidos a mujeres jefas de hogar y colectivos con mayores dificultades de inserción: personas mayores de 50 años, con discapacidad, afrodescendientes, trans y liberadas recientemente. También se contempla apoyo a cooperativas y emprendimientos vinculados a estos grupos, incluyendo subsidios a aportes patronales.
La propuesta vincula empleo y capacitación, permitiendo finalizar estudios y certificar competencias durante el período de trabajo. Además, establece límites claros: no podrá usarse para sustituir trabajadores ni cubrir despidos recientes. Con este marco, el Parlamento deberá definir si la iniciativa se convierte en una herramienta activa para la contratación o queda en el plano de la discusión.
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