El Parlamento dedicó 15 horas a la interpelación de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, por el caso de Álvaro Danza, presidente de ASSE. Aunque Danza renunció a sus cargos privados en mutualistas, la oposición cuestionó su ética y presentó mociones de censura que no prosperaron.
El Frente Amplio defendió al jerarca basándose en el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que descartó incompatibilidades. Sin embargo, el debate expuso diferencias políticas y comparaciones con la gestión de Leonardo Cipriani, cuya administración no fue objetada pese a vínculos con el Círculo Católico.
La discusión refleja un dilema regional: la transparencia como herramienta política más que como política de Estado. Aunque no se probó ilegalidad, la percepción de favoritismo afecta la confianza ciudadana y proyecta dudas sobre la credibilidad institucional.
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