El equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó el 14/5 un informe que da cuenta de que trabaja en 243 denuncias de desaparición forzada de personas por razones políticas ocurridas entre el 13/6/1968 y el 26/6/1973 y durante el período del terrorismo de Estado, entre el 27/6/1973 y el 28/2/1985.
De las 243 investigaciones, 162 son de víctimas de desaparición forzada que se buscan y 81son denuncias en análisis para corroborar que se trata de casos de desaparición forzada.
Ante un nuevo 20 de Mayo, la institución confirmó que son 205 las personas identificadas como víctimas de desaparición forzada. Se incluyeron 8 casos a la lista de 197 que se conocía, 3 se consideran casos activos de búsqueda y 5 habían sido aclarados pero no formaban parte de la nómina.
Afirman que las investigaciones no están cerradas, los datos “están en permanente revisión”, al aparecer nuevos elementos que permiten reabrir líneas de trabajo o incorporar nuevas denuncias.
Por otra parte, luego de “profundizar en expedientes judiciales (Argentina y Chile) o intercambiar datos con otras unidades de búsqueda (Colombia)”, el equipo sostiene que existe un número aún indeterminado de uruguayos desaparecidos en el exterior que no han sido denunciados.
En conferencia de prensa previa a la Marcha del Silencio, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos señaló que este informe “reafirma lo que ya hemos dicho en numerosas ocasiones: la lista de detenidos desaparecidos es una lista abierta y el accionar del terrorismo de Estado sigue siendo materia de urgencia”.
Saluda “el paso gigantesco que representa la solicitud unánime del Senado hacia todas las personas que tengan información sobre el paradero de las personas detenidas desaparecidas”, entiende que “implica un reconocimiento institucional importante y un mensaje claro hacia la sociedad sobre la responsabilidad estatal frente a estos crímenes. Pero también debemos señalar que no es suficiente”.
Consideran que “muchas puertas continúan hoy cerradas. Los archivos siguen dispersos y muchos ocultos; sigue faltando información y la búsqueda sigue siendo a ciegas”. Afirman que “se hace necesaria una política integral de búsqueda de todo el Estado que implique a todos sus agentes… La orden a las Fuerzas Armadas de parte del Presidente no puede tener más dilaciones”.
A 50 años del asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw y la desaparición forzada de Manuel Liberoff, más de 70 marchas en distintos puntos del país y el exterior reclaman por todas las víctimas de terrorismo de Estado.
