Si se confirmara como represalia, el despido del inspector Walter Espino configuraría un hecho de extrema gravedad institucional, al tratarse de un funcionario que denunció posibles actos de corrupción en la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia, y cuya denuncia derivó en la renuncia del director del área tras una comisión investigadora que validó parte de sus afirmaciones.
Con este telón de fondo, el pasado martes 3 de junio, la Junta Departamental de Colonia sesionó en forma extraordinaria a solicitud del Frente Amplio, con el propósito de analizar el contexto de las relaciones laborales en la Intendencia, los mecanismos de contratación, y el impacto de decisiones recientes en los derechos de los trabajadores.
Desde la oposición, los ediles de la primera minoría, expresaron una profunda preocupación por lo que consideran un caso paradigmático de persecución laboral, denunciando precariedad estructural en la plantilla de funcionarios —con más del 80% sin presupuestar— y la ausencia de garantías efectivas para quienes denuncian irregularidades. En contraposición, la bancada oficialista (Partido Nacional y Partido Colorado) relativizó la urgencia y gravedad del tema, desestimando la pertinencia del llamado a sesión y cerrando el debate en apenas 55 minutos.
