La controversia por la prospección sísmica vinculada a la búsqueda de petróleo frente a Uruguay se concentra en competencias, autorizaciones y límites territoriales. Pero hay una pregunta anterior que casi no aparece en la discusión.
Oscar Geymonat se detiene en ese punto y propone mirar el problema desde otro lugar.
Por estos días son noticia fuertes diferencias entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente y la petrolera estatal ANCAP en torno a la prospección sísmica hecha en abril de este año por un buque noruego contratado por una empresa, Searcher, multinacional de capitales sobre todo australianos en busca de petróleo en Uruguay.
El trabajo se hizo sin autorización ambiental. Eso parece aceptado por todas las partes. La discusión está planteada en términos de si se necesitaba esa autorización o no, si el Ministerio de Ambiente tiene jurisdicción o no en el caso, si la prospección fue realizada en mar territorial uruguayo o no. Y ahí es donde me parece que la discusión debe ser otra, o por lo menos ir más allá. No puedo entrar en argumentaciones técnicas sobre la naturaleza de los trabajos y sobre sus impactos. Carezco de los conocimientos necesarios, pero me parece que amerita una pregunta previa que no aparece en la discusión.
Un artículo del semanario Brecha del 13 de noviembre que analiza el desarrollo de este diferendo dice que la empresa Searcher “entiende que la situación vinculada al buque noruego no forma parte “del objeto del proceso” (refiere a la demanda presentada por organizaciones sociales) ya que no existe contrato alguno con ANCAP para las prospecciones 2D que efectuó en la primera semana de abril de este año. La razón invocada por la corporación de origen australiano es que fueron efectuadas más allá de las 200 millas náuticas. En virtud de esa interpretación Searcher arguye que ningún organismo uruguayo tiene jurisdicción sobre el área en la que operó.” “Así, la compañía, se para en la posición de que nunca necesitó tramitar una autorización ambiental previa frente a la secretaría liderada por Edgardo Ortuño” (1)
La pregunta que extraño tiene que ver con la pertinencia o no de esos trabajos, independientemente de que sean en aguas territoriales o en mar abierto. El universo es uno. Desde el punto de vista de los ecosistemas, esos límites son cuestiones de mapas y leyes. ¿A quién pertenecen las aguas internacionales?
“Lo peor que le puede pasar a nuestro país es encontrar petróleo”. La frase del ingeniero Juan Grompone en noviembre de 2017 me sorprendió y sus argumentos me convencieron. Eran varios; el primero tenía que ver con el desastre ambiental. Seguían otros de carácter económico y cultural atendibles sobre todo viniendo de alguien de su prestigio académico sin otros intereses creados. Con el primero me bastó y los otros no fueron más débiles.
Escuché ahora que las probabilidades de encontrarlo son de un 25%. La escasa posibilidad de éxito no reduce el impacto sobre el cual la actual controversia parece no reparar. ¿Es menor porque se haga en aguas que no son uruguayas? Humanamente diríamos que son de todos. Para quienes concebimos el universo como creación de Dios, a él pertenecen y somos encargados de su cuidado. La pregunta por el impacto ambiental tiene el mismo valor si es más allá o más acá de las millas náuticas acordadas o de cuándo se hizo el pedido de reconocimiento. Es la pregunta que me falta.
(1) Rosario Touriño, “Soberanos vacíos” Brecha 13 de noviembre de 2026



