La Resolución 34/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina derogó una norma de 2023 que imponía controles ambientales adicionales en trasbordos de hidrocarburos. La medida, orientada a agilizar la logística, encendió alertas en Uruguay por el riesgo de incidentes transfronterizos, tras un reciente derrame menor en Maldonado.
Mientras Uruguay mantiene exigencias estrictas (DISMAR 173) y pidió explicaciones en la CARP, la delegación argentina desvió la discusión hacia el proyecto portuario de Martín Chico (Colonia), inversión privada de USD 1.500 millones respaldada por Yamandú Orsi.
El episodio recuerda el conflicto por la planta de celulosa en Fray Bentos (2006–2010) y expone modelos opuestos:
- Argentina (Milei): desregulación y liberalización económica.
- Uruguay: prevención y cooperación binacional.
Analistas advierten que la falta de controles adicionales podría afectar turismo, biodiversidad y navegación. Los escenarios van desde protocolos conjuntos que compatibilicen enfoques, hasta tensión diplomática contenida o un conflicto mayor si ocurre un accidente ambiental.
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