Impedimento de tránsito en los puentes fronterizos: ¿Violación a los tratados internacionales en pleno balotaje uruguayo?
En un contexto de alta tensión política marcado por el balotaje presidencial en Uruguay, la reciente medida de prohibir el ingreso de remises, taxis y vehículos de plataformas como Uber desde Argentina a través de los puentes fronterizos ha generado controversia no solo por su impacto económico y social, sino también por posibles violaciones a tratados internacionales. La decisión coincide con un escenario político en el que, según siete encuestadoras, la diferencia entre los candidatos no supera los 4 puntos porcentuales, con una leve ventaja para el opositor Yamandú Orsi, del Frente Amplio.
La restricción y su impacto transfronterizo
La resolución del gobierno uruguayo, aplicada de manera estricta desde hace semanas, impide el cruce de vehículos de alquiler con pasajeros a bordo en los tres principales pasos fronterizos entre Argentina y Uruguay: Gualeguaychú-Fray Bentos, Colón-Paysandú y Concordia-Salto. Según los afectados, esta medida no solo interrumpe la libre circulación de personas y servicios entre los dos países, sino que también genera pérdidas económicas significativas para las empresas de transporte argentinas y afecta a ciudadanos de ambos lados de la frontera que dependen de estos servicios para actividades cotidianas como citas médicas, compras y visitas familiares.
El conflicto llegó a oídos de la Cancillería argentina, que inició gestiones diplomáticas ante su par uruguaya, argumentando que esta medida es «unilateral y contraria a los principios de integración regional». Además, remiseros y taxistas han comenzado a preparar acciones legales con el apoyo de abogados y plantean llevar el caso a la Justicia Federal argentina.
¿Una violación a los tratados internacionales?
Esta decisión podría interpretarse como una violación al Tratado de Asunción y al Protocolo de Ouro Preto, pilares del Mercosur, que garantizan la libre circulación de personas, bienes y servicios entre los Estados miembro. Además, el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios prohíbe restricciones injustificadas al comercio de servicios, lo que incluiría el transporte de personas entre países. A nivel bilateral, Argentina y Uruguay han firmado acuerdos que buscan facilitar el tránsito en las áreas limítrofes, lo que refuerza el carácter cuestionable de esta resolución.
El trasfondo de estas medidas, según algunos analistas, estaría vinculado a las recientes elecciones uruguayas. De acuerdo con testimonios, en la primera vuelta electoral celebrada en octubre, vehículos de alquiler argentinos habrían sido contratados por sectores opositores para facilitar la movilización de votantes en las ciudades fronterizas. Esto habría motivado una “bajada de línea” desde Montevideo para restringir el ingreso de estos vehículos, en una aparente represalia que ahora se vuelve más evidente en el contexto del balotaje.
El escenario político del balotaje
El panorama electoral uruguayo está al rojo vivo. Con apenas horas para la definición presidencial, las encuestas reflejan una competencia extremadamente reñida entre el oficialista Álvaro Delgado y el opositor Yamandú Orsi. Según proyecciones, la diferencia entre ambos candidatos no supera los 4 puntos.
En este contexto, la medida que afecta la libre circulación no solo ha sido vista como una posible violación a los derechos consagrados en el Mercosur, sino que también podría interpretarse como una acción política que busca controlar la movilización de son históricamente puntos de intercambio entre Argentina y Uruguay, y cualquier interrupción en su dinámica puede tener repercusiones electorales.
Reacciones de los afectados
El descontento no se hizo esperar. Taxistas, remiseros y conductores de plataformas de transporte en Argentina han expresado su indignación, calificando la medida de «arbitraria y discriminatoria». Para ellos, el bloqueo no solo representa una pérdida económica significativa, sino que también afecta directamente su derecho al trabajo y la confianza en las relaciones bilaterales entre dos países que históricamente se han presentado como «pueblos hermanos».
Uno de los remiseros afectados afirmó: «Esto no tiene precedentes. Se están violando tratados internacionales y acuerdos bilaterales, pero también se está rompiendo una tradición de convivencia pacífica entre Argentina y Uruguay. Parece que los intereses políticos ahora están por encima de la integración regional”.
Un desafío para la diplomacia y la justicia
Con un clima político tan polarizado, la medida aplicada por Uruguay pone en jaque la confianza en el Mercosur y en los acuerdos bilaterales. Las gestiones de Cancillería argentina serán cruciales para resolver este conflicto, pero también existe la posibilidad de que las demandas legales iniciadas por los transportistas lleguen a instancias superiores. Por ahora, la resolución del gobierno uruguayo sigue vigente, dejando en suspenso el principio de libre circulación en uno de los corredores transfronterizos más activos de la región.
Mientras tanto, el resultado del balotaje podría determinar si esta restricción es una decisión temporal vinculada al contexto electoral o si se convertirá en una política de largo plazo que marque un antes y un después en la relación entre Argentina y Uruguay.
