La investigación por la Operación Trazador, que permitió incautar más de 260 kilos de cocaína y pasta base, dinero, armas y municiones, vuelve a generar repercusiones políticas.
Uno de los condenados es Pablo Leiva, quien se desempeñaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, integrante de la Lista 250, sector liderado por Jorge Gandini. Leiva fue condenado a dos años y seis meses de prisión por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
Ahora, la investigación tomó otra dimensión, la Fiscalía de Estupefacientes y la Policía investigan un local de cobranza y cambio vinculado a Laura Scalabrino Muga, esposa de Jorge Gandini, donde Leiva habría realizado operaciones financieras relacionadas con el dinero bajo investigación.
El local figura además como bien ganancial en la declaración patrimonial presentada por Gandini ante la JUTEP. Según las investigaciones periodísticas, información extraída del celular de Leiva permitió profundizar la pesquisa sobre las operaciones realizadas en ese establecimiento.
La pregunta que queda planteada es inevitable:
¿Hasta dónde llegaba la red de operaciones financieras vinculadas al condenado y qué relación tuvieron esas operaciones con el circuito investigado por lavado de activos?
La Justicia y la Fiscalía deberán determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre dinero, narcotráfico y estructuras políticas.
Fuente: Marcos Joel
